En los últimos años muchas empresas en Guatemala han implementado programas de cumplimiento pensando principalmente en auditorías, reguladores o prevención reputacional. Sin embargo, existe una pregunta más profunda: ¿puede un programa de compliance proteger realmente a una empresa de una responsabilidad penal? La legislación guatemalteca sí reconoce que una persona jurídica puede cometer delitos, pero no desarrolla con precisión cómo puede defenderse ni qué rol cumple el cumplimiento corporativo dentro del proceso penal. (Domínguez, 2025).
A diferencia de otros países, especialmente España, el ordenamiento jurídico guatemalteco no establece expresamente que un programa de cumplimiento exonere automáticamente a la empresa. Es decir, tener manuales, políticas o matrices de riesgo no basta por sí mismo para evitar un proceso penal. La ley no contempla el compliance como una defensa legal autónoma, por lo que no funciona como un “escudo” automático frente a la acusación. (Domínguez, 2025).
Entonces surge la duda: si no exime de responsabilidad, ¿para qué sirve? Su valor aparece en la práctica probatoria. En Guatemala la responsabilidad de la empresa suele basarse en la omisión de control o supervisión. Por lo tanto, un programa de cumplimiento bien implementado puede demostrar precisamente lo contrario: que sí existía control interno, que la organización sí tenía mecanismos de prevención y que el hecho ilícito no fue producto de una estructura tolerante al delito. (Domínguez, 2025).
El momento en el que el compliance adquiere mayor relevancia es incluso antes del juicio. Durante la investigación, la empresa puede aportar evidencia de sus políticas, monitoreos y controles para demostrar que actuó diligentemente. Esto puede provocar el archivo del caso, la falta de mérito o el sobreseimiento. En otras palabras, el cumplimiento no necesariamente gana un juicio, pero sí puede evitar llegar a él. (Domínguez, 2025).
Si el proceso continúa, el programa de cumplimiento sigue teniendo utilidad. Aunque la ley no lo reconoce como eximente formal, puede debilitar la acusación al evidenciar que falta uno de los elementos del delito: la ausencia de control empresarial. Y cuando el programa no es perfecto, todavía puede funcionar como atenuante, reduciendo la sanción al demostrar que la empresa intentó prevenir la conducta. (Domínguez, 2025).
Desde una perspectiva práctica, esto cambia completamente la forma en que las organizaciones deberían entender el compliance. No se trata únicamente de cumplir requisitos regulatorios o de tener documentos para el regulador. Se trata de construir evidencia anticipada de diligencia empresarial. En Guatemala, el cumplimiento no hace inocente automáticamente a la empresa, pero sí la vuelve defendible dentro de un proceso penal. (Domínguez, 2025).
Por ello, el verdadero valor de un programa de cumplimiento no está en su existencia, sino en su efectividad: capacitación real, controles activos y supervisión continua. Cuando el sistema funciona, puede demostrar que la empresa no toleró ni facilitó el delito. Y en un sistema legal donde la responsabilidad corporativa gira alrededor del control, esa prueba puede marcar la diferencia entre sanción o exoneración práctica. (Domínguez, 2025).
Referencia:
Domínguez, A. (2025). ¿Puede el compliance eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica en Guatemala? Universidad del Istmo. https://unis.edu.gt/wp-content/uploads/2025/08/Articulo-5-Lcda.-Astrid-Dominguez.pdf
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